http://eurolatin.fride.org/2009/05/14/la-peor-crisis-politica-de-guatemala.html
La acusación del abogado asesinado contra la cúpula del Gobierno de Álvaro Colom ha puesto a Guatemala en la peor crisis política desde el retorno a la democracia en 1986. La guerra abierta entre la élite económica y la opinión pública capitalina contra esta administración “socialdemócrata” es casi inevitable.
Rodrigo Rosenberg, el abogado asesinado el domingo mientras montaba bicicleta, era un prestigioso jurista que asesoraba a las mayores firmas del país, incluida la del industrial Khalil Musa, asesinado junto a su hija hace tres semanas. Rosenberg asegura en el video haber recibido amenazas de muerte de Gustavo Alejos –secretario privado de la Presidencia y principal financista de la campaña de Colom- y Gregorio Valdés –uno de los principales asesores, financista y quien ha recibido 30 millones de euros en contratos de infraestructura en 15 meses de Gobierno-. El asesinato, según Rosenberg, lo habría avalado el presidente Colom y su esposa –Sandra Torres, quien ejerce de facto de Ministra de la Presidencia-. Rosenberg aseguró también que su asesinato y el de los Musa fueron para tapar otro escándalo, de lavado de dinero oficialista en un banco de capital mixto.
La poderosa élite económica ha enviado dos mensajes al Presidente: Tiene que haber una investigación internacional y la administración Colom perdió autoridad para gobernar. El Ejecutivo ha respondido con pedir una investigación internacional, proteger a sus funcionarios acusados; traer a 250 alcaldes como muestra de apoyo político y pedir el apoyo de los gobiernos de la OEA. La tensión está en las calles. Jóvenes capitalinos, principalmente de clase media y alta, han convocado a manifestaciones por medio de redes sociales como Facebook para pedir la renuncia de Colom. Y el Gobierno está organizando o incentivando contramanifestaciones para la que llevarán a pobladores de la periferia de la Ciudad que son beneficiados con programas gubernamentales. Ambas manifestaciones se encontraron en la Plaza de la Constitución. En la de ayer jueves no hubo presencia policial y 45 delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos fueron los que evitaron un choque entre ambas.
La enemistad entre Gobierno y élite viene de una mínima independencia política y del izquierdismo retórico del Presidente Colom; no hay ninguna medida gubernamental en 15 meses que haya cambiado en algo la estructura económica o política del país. Eso sí, hay otro enfrentamiento más profundo que se cruza: el de la sociedad civil, el Estado y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra las mafias incrustadas en el sistema de justicia y de seguridad. Estas mafias –en ocasiones de ex militares de extrema derecha, en ocasiones de narcotraficantes- han llevado campañas de desestabilización contra el Estado en el último año; no sólo contra el Gobierno. El Gobierno ha apoyado a la CICIG, como lo hizo el Gobierno anterior, de centroderecha.
La CICIG es una comisión ideada por la sociedad civil guatemalteca y aprobada por todas las fuerzas políticas en el Congreso. Funciona desde hace un año y medio con financiamiento europeo y estadounidense e investigadores latinoamericanos y españoles y ha empezado con acusaciones directas a narcotraficantes, ex militares e incluso un ex fiscal de delitos contra la vida.
Para complicar más el caso Rosenberg, salió a luz que no sólo el periodista Mario David García estuvo en la sala en la que Rosenberg grabó el video. Luis Mendizábal, otro asesor del Presidente Colom con un pasado militar cuestionable, tuvo el video desde el viernes antes del asesinato y se encargó de repartir 150 copias en el entierro.
La crisis política no será fácil de superar. Se trata del asesinato de un prestigioso abogado crítico con el Gobierno y miembro de la élite económica, que acusa de su propio asesinato a la mano derecha del Presidente –que es hermano del Presidente del Congreso- y al mismo Presidente de haberlo avalado. La convivencia parece imposible y Ciudad de Guatemala puede ser la próxima Caracas o La Paz o Managua.
El margen de maniobra es mínimo para ambos. El Presidente Colom no puede mantener a Alejos y a Valdés en su despacho y no puede interferir en la investigación de la CICIG –pues es un sospechoso más-. Y la élite económica y la opinión pública capitalina tienen que neutralizar a sus miembros más radicales que piden un golpe de Estado. El país no saldrá del atolladero sin ayuda internacional. La investigación independiente de la CICIG –que necesita más que nunca apoyo europeo y estadounidense- y la intervención de la misión de la OEA que ha pedido el canciller Rodas pueden ser la única salida.
Martín Rodriguez es asistente de investigación del área de Paz y Seguridad en FRIDE.
mrodriguez@fride.org
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jueves, 14 de mayo de 2009
lunes, 30 de marzo de 2009
76. Fuerza para el PDH tras bombazos
Bombazos
El secuestro de Gladys Monterroso, madre de las hijas del procurador Sergio Morales y secretaria de Encuentro por Guatemala, tras el informe sobre el Archivo sobre desapariciones de la Policía Nacional; la psicosis provocada por expertos en asustar a la ciudadanía el día que se empezaría a aprobar la ley de armas –que busca poner un alto a los que lucran con la muerte-; la liberación de militares corruptos como el hijo de Ríos Montt. Tres bombas en tres días negros que son el colofón de treinta años negros de Guatemala.
Nuestros padres y tíos siempre hablaban de cómo en Ciudad de Guatemala se podía salir por la noche, ir en camioneta sin tener miedo, vivir con los atardeceres de volcanes y jacarandas en flor. Quisiera poder tener algún recuerdo de eso, pero nací unos años después de que todo empezara a joderse.
Terremoto de 1976, migraciones a la capital, marginación, desigualdad; ningún derecho para trabajadores en la ciudad o el campo, demanda de democracia y el inicio de los años negros. En 1978, con la masacre de Panzós y el asesinato de estudiante Oliverio Castañeda, empezó un ciclo de 7 años infaustos en el que el Estado reprimió a sus ciudadanos, con la excusa de que eran comunistas. Sí, habían muchos en armas por la imposibilidad de conseguir cambios por la vía democrática y había una guerra interna, pero muchos con los que se ensañó el Estado eran guatemaltecos pacíficos que sólo querían lo que muchos queremos ahora: un país más decente, democrático, más justo, que se logra por la vía política, de los votos; o sólo vivir en paz.
Desde ese 1978 empezaron a masacrar, torturar y asesinar. 200 mil guatemaltecos, en especial campesinos indígenas, fueron asesinados por la mínima posibilidad de simpatizar por la guerrilla o por cuestionar la injusticia y el racismo; ser indígena en este país no daba para ese lujo y el exterminio era la respuesta. Y desaparecieron a 50 mil guatemaltecos; en especial estudiantes, políticos, sindicalistas, periodistas, profesores… Construyeron desde ese año esta cultura de muerte que 30 años después se transformó en adolescentes que matan a su profesor en una cárcel, sicarios, narcos, esa cultura que tenemos que enterrar con lucidez y fuerza.
No es que les hayamos ganado del todo después de 30 años. Pero logramos democracia, logramos los Acuerdos de Paz gracias a militares y civiles valientes, logramos la recuperación de la Memoria Histórica, algunos poquísimos juicios a los responsables (podemos seguir con Ríos Montt), se empieza a dar resarcimiento a viudas, el Gobierno prometió buscar los archivos de las masacres, y podemos evidenciar gracias a la PDH la asquerosa planificación torturadores y encargados de desaparecer a soñadores como Fernando García.
Ya quisieran los norcoreanos, los sudaneses o los iraníes poder decir en el año 2039 que se libraron de los regímenes autoritarios que tienen hoy y sus herencias, como –mal que bien- estamos haciendo nosotros. En Guatemala los militares que nos gobernaron ya no tienen el poder político. Ya no tienen la conciencia tranquila. Tienen que estar huyendo de nuestro frágil sistema de justicia. Tienen que poner tres bombas en tres días porque saben que podemos enfrentar sus espacios en la sombra.
Las lágrimas de rabia de Sergio Morales, las de frustración de las esposas de los pilotos asesinados el martes pasado, esas lágrimas las sentimos todos. No podemos tirar la toalla cuando podemos empezar a ver la orilla. El que no se sienta capaz (ojo funcionarios), que renuncie y pase la estafeta. Y fuerza Procurador, fiscales, jueces, policías. Muchos ciudadanos agradecemos que personas como ustedes hayan nacido en Guatemala.
Wachik’aj 76.
PS. ¿Y si para honrar a los valientes le ponemos Aeropuerto Internacional Manuel Colom Argueta?
martinpellecer@gmail.com
El secuestro de Gladys Monterroso, madre de las hijas del procurador Sergio Morales y secretaria de Encuentro por Guatemala, tras el informe sobre el Archivo sobre desapariciones de la Policía Nacional; la psicosis provocada por expertos en asustar a la ciudadanía el día que se empezaría a aprobar la ley de armas –que busca poner un alto a los que lucran con la muerte-; la liberación de militares corruptos como el hijo de Ríos Montt. Tres bombas en tres días negros que son el colofón de treinta años negros de Guatemala.
Nuestros padres y tíos siempre hablaban de cómo en Ciudad de Guatemala se podía salir por la noche, ir en camioneta sin tener miedo, vivir con los atardeceres de volcanes y jacarandas en flor. Quisiera poder tener algún recuerdo de eso, pero nací unos años después de que todo empezara a joderse.
Terremoto de 1976, migraciones a la capital, marginación, desigualdad; ningún derecho para trabajadores en la ciudad o el campo, demanda de democracia y el inicio de los años negros. En 1978, con la masacre de Panzós y el asesinato de estudiante Oliverio Castañeda, empezó un ciclo de 7 años infaustos en el que el Estado reprimió a sus ciudadanos, con la excusa de que eran comunistas. Sí, habían muchos en armas por la imposibilidad de conseguir cambios por la vía democrática y había una guerra interna, pero muchos con los que se ensañó el Estado eran guatemaltecos pacíficos que sólo querían lo que muchos queremos ahora: un país más decente, democrático, más justo, que se logra por la vía política, de los votos; o sólo vivir en paz.
Desde ese 1978 empezaron a masacrar, torturar y asesinar. 200 mil guatemaltecos, en especial campesinos indígenas, fueron asesinados por la mínima posibilidad de simpatizar por la guerrilla o por cuestionar la injusticia y el racismo; ser indígena en este país no daba para ese lujo y el exterminio era la respuesta. Y desaparecieron a 50 mil guatemaltecos; en especial estudiantes, políticos, sindicalistas, periodistas, profesores… Construyeron desde ese año esta cultura de muerte que 30 años después se transformó en adolescentes que matan a su profesor en una cárcel, sicarios, narcos, esa cultura que tenemos que enterrar con lucidez y fuerza.
No es que les hayamos ganado del todo después de 30 años. Pero logramos democracia, logramos los Acuerdos de Paz gracias a militares y civiles valientes, logramos la recuperación de la Memoria Histórica, algunos poquísimos juicios a los responsables (podemos seguir con Ríos Montt), se empieza a dar resarcimiento a viudas, el Gobierno prometió buscar los archivos de las masacres, y podemos evidenciar gracias a la PDH la asquerosa planificación torturadores y encargados de desaparecer a soñadores como Fernando García.
Ya quisieran los norcoreanos, los sudaneses o los iraníes poder decir en el año 2039 que se libraron de los regímenes autoritarios que tienen hoy y sus herencias, como –mal que bien- estamos haciendo nosotros. En Guatemala los militares que nos gobernaron ya no tienen el poder político. Ya no tienen la conciencia tranquila. Tienen que estar huyendo de nuestro frágil sistema de justicia. Tienen que poner tres bombas en tres días porque saben que podemos enfrentar sus espacios en la sombra.
Las lágrimas de rabia de Sergio Morales, las de frustración de las esposas de los pilotos asesinados el martes pasado, esas lágrimas las sentimos todos. No podemos tirar la toalla cuando podemos empezar a ver la orilla. El que no se sienta capaz (ojo funcionarios), que renuncie y pase la estafeta. Y fuerza Procurador, fiscales, jueces, policías. Muchos ciudadanos agradecemos que personas como ustedes hayan nacido en Guatemala.
Wachik’aj 76.
PS. ¿Y si para honrar a los valientes le ponemos Aeropuerto Internacional Manuel Colom Argueta?
martinpellecer@gmail.com
lunes, 23 de marzo de 2009
75. Orgullo en el pleno (Ley de Armas y Municiones)
Wachik’aj 75.
Para conseguir los votos en el pleno hoy para aprobar la ley de armas no se requiere de un milagro o varitas mágicas, hace falta orgullo.
Orgullo en el pleno
El mayor error de nuestra fiscalización como ciudadanos al Congreso es echar a todos los diputados en el mismo saco y dar por descontado que no se puede esperar nada bueno de ellos. Disiento. Y más con la Ley de Armas y Municiones que debería aprobarse esta semana. Han logrado leyes como la Cicig, la del feminicidio…
La ecuación es muy simple. Somos 13 millones de guatemaltecos, unos 6 millones de adultos. Hay 500 mil armas en el país. Muchas, muchas balas. Hay 17 asesinatos diarios. Las armas no dan seguridad; y con el descontrol de las armas que hay en el país y la permisividad, sólo aumentan la violencia. Es de cínicos –la asociación de armeros- decir que el problema no son las armas sino cómo se usan. Seguramente deberían usarse como palas o rastrillos, ¿cierto? Las armas y las balas sólo sirven para matar.
Y aunque muchas armas no sean legales ni estén registradas, las balas que compran sí lo están y pueden comprar las que les dé la gana. La reducción a un tope de 400 balas es ridícula. ¿Quién necesita comprar 400 balas por día o por mes o por año? Seguramente las necesitan los narcos, mafiosos y sicarios.
Por qué vamos a dejar que sea el DECAM (Departamento de Control de Armas y Municiones, en el Ejército) el que siga siendo el ente rector, si durante años no les pone ninguna traba –ni alerta a las demás autoridades- y deja que, por ejemplo, un joven de 20 años tenga cuatro armas, incluida una de asalto. Debe pasar ese control a Departamento en el Ministerio de Gobernación.
Está comprobado que las ciudades latinoamericanas que restringen el uso de armas y balas reducen los índices de violencia. Bogotá, Sao Paulo, Medellín… evidencias no faltan.
Ése es el escenario. Y nosotros, guatemaltecos de varias generaciones, hemos decidido que para solucionar ese tipo de problemas nacionales haya un foro, y que en ese foro nos representen 158 ciudadanos electos democráticamente y que ese foro se llame Congreso. Y que para tomar una decisión, 80 ciudadanos de esos 158 tienen que estar de acuerdo y decidir, y si es de urgencia nacional, 105.
Hemos decidido también, después de 24 años de ejercicio político, que los representantes se agrupen en bancadas, que representan partidos políticos, y que los líderes encaminen a sus diputados y les convenzan. Esos líderes parlamentarios y los diputados son los que tendrán que rendir cuentas esta noche ante la ciudadanía –y también ante el espejo- sobre el resultado de la votación en el pleno.
Por un lado están las mafias que presionan y sobornan. Por otro lado está la ciudadanía –incluidas las familias de los diputados- que no soporta más violencia. Señores representantes (porque no se les olvide, son nuestros representantes), hay 6 mil muertos al año. No estamos hablando de hectáreas, de toneladas, estamos hablando de personas con vidas, con sueños, con futuros, con familias. Lograr los votos en el pleno requiere de liderazgo político, no de varitas mágicas y discursos eternos. Requiere de agallas, requiere de carisma, requiere de orgullo. La pelota está en su cancha.
martinpellecer@gmail.com
Para conseguir los votos en el pleno hoy para aprobar la ley de armas no se requiere de un milagro o varitas mágicas, hace falta orgullo.
Orgullo en el pleno
El mayor error de nuestra fiscalización como ciudadanos al Congreso es echar a todos los diputados en el mismo saco y dar por descontado que no se puede esperar nada bueno de ellos. Disiento. Y más con la Ley de Armas y Municiones que debería aprobarse esta semana. Han logrado leyes como la Cicig, la del feminicidio…
La ecuación es muy simple. Somos 13 millones de guatemaltecos, unos 6 millones de adultos. Hay 500 mil armas en el país. Muchas, muchas balas. Hay 17 asesinatos diarios. Las armas no dan seguridad; y con el descontrol de las armas que hay en el país y la permisividad, sólo aumentan la violencia. Es de cínicos –la asociación de armeros- decir que el problema no son las armas sino cómo se usan. Seguramente deberían usarse como palas o rastrillos, ¿cierto? Las armas y las balas sólo sirven para matar.
Y aunque muchas armas no sean legales ni estén registradas, las balas que compran sí lo están y pueden comprar las que les dé la gana. La reducción a un tope de 400 balas es ridícula. ¿Quién necesita comprar 400 balas por día o por mes o por año? Seguramente las necesitan los narcos, mafiosos y sicarios.
Por qué vamos a dejar que sea el DECAM (Departamento de Control de Armas y Municiones, en el Ejército) el que siga siendo el ente rector, si durante años no les pone ninguna traba –ni alerta a las demás autoridades- y deja que, por ejemplo, un joven de 20 años tenga cuatro armas, incluida una de asalto. Debe pasar ese control a Departamento en el Ministerio de Gobernación.
Está comprobado que las ciudades latinoamericanas que restringen el uso de armas y balas reducen los índices de violencia. Bogotá, Sao Paulo, Medellín… evidencias no faltan.
Ése es el escenario. Y nosotros, guatemaltecos de varias generaciones, hemos decidido que para solucionar ese tipo de problemas nacionales haya un foro, y que en ese foro nos representen 158 ciudadanos electos democráticamente y que ese foro se llame Congreso. Y que para tomar una decisión, 80 ciudadanos de esos 158 tienen que estar de acuerdo y decidir, y si es de urgencia nacional, 105.
Hemos decidido también, después de 24 años de ejercicio político, que los representantes se agrupen en bancadas, que representan partidos políticos, y que los líderes encaminen a sus diputados y les convenzan. Esos líderes parlamentarios y los diputados son los que tendrán que rendir cuentas esta noche ante la ciudadanía –y también ante el espejo- sobre el resultado de la votación en el pleno.
Por un lado están las mafias que presionan y sobornan. Por otro lado está la ciudadanía –incluidas las familias de los diputados- que no soporta más violencia. Señores representantes (porque no se les olvide, son nuestros representantes), hay 6 mil muertos al año. No estamos hablando de hectáreas, de toneladas, estamos hablando de personas con vidas, con sueños, con futuros, con familias. Lograr los votos en el pleno requiere de liderazgo político, no de varitas mágicas y discursos eternos. Requiere de agallas, requiere de carisma, requiere de orgullo. La pelota está en su cancha.
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