martes, 23 de febrero de 2010

122. Miopía política sobre datos de MiFaPro

El Presidente perderá a un buen ministro de Educación.

Miopía

Hay lógicas políticas estratégicas y lógicas caprichosas y miopes. Una de las segundas es pensar en sacrificar a un buen ministro de Educación, Bienvenido Argueta, por la necedad e ilegalidad de negarse a publicar los números de cédula de los beneficiarios del programa de transferencias condicionadas, aunque la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia lo ordenaron ya.

En el debate guatemalteco sobre ingresos y egresos del Estado tiene tres esquinas: Reforma fiscal; combate al contrabando y a la evasión; y transparencia en el gasto. El gobierno de Colom –a trompezones, Rosenberazo y falta de operadores políticos- no ha conseguido la reforma fiscal que necesita el país después de dos años. Contra la evasión fiscal, enero y febrero han sido escenario de golpes a grandes evasores y el gobierno tiene una ventana de oportunidad política desde el 12 de enero para avanzar en ambos pulsos.

Pero hay otro pulso que perdió y se empeña en no reconocerlo: El de la obligación de transparentar el programa de transferencias condicionadas, Mi Familia Progresa. Esto es dar los números de cédula de los beneficiarios para fiscalizar que existan. Cumpliendo con su obligación como diputada de fiscalizar (para eso la elegimos) y respondiendo a un sentimiento ciudadano de transparencia, la diputada Nineth Montenegro ha logrado tras una ardua lucha legal que las cortes respalden su demanda y ordenen al ministro Argueta dar los datos, cosa que le impide la pareja Colom Torres.

MiFaPro está lejos de ser el que más corrupción hay en el Estado. Los contratos de infraestructura, la compra de medicinas o los temas financieros son agujeros negros enormes. Es un programa apoyado por el 75% de la población, una herramienta que ha sido exitosa en América Latina para romper el círculo de la pobreza dando dinero a las madres a cambio de que lleven a sus hijos a la escuela y al centro de salud, para competir con el estímulo del trabajo infantil.

La Primera Dama, asegura que protege a los pobres de la humillación que representa recibir dinero del Estado. Esto a pesar de que bajo la lógica más simple debe ser público el nombre de cualquier ciudadano o empresa que recibe algún beneficio del Estado. ¿Por qué empeñarse en esconder estos datos? Seguramente la mayoría de los beneficiarios son extremadamente pobres. Aunque un porcentaje se ha colado por fallas técnicas o negligencia. ¿Por qué no dejan fiscalizarlo? ¿Tan alto es el porcentaje de colados?

¿Además, vale tanto la pena ese pulso de ocultar datos como para sacrificar al ministro Argueta? Si no los da, caerá en desacato de una orden de la CC y la CSJ y será removido de su puesto.

Como el presidente Colom y Sandra de Colom no nos hacen caso a los que argumentamos, quizás el grupo de asesores presidenciales que dirige el ex presidente panameño Martín Torrijos pueda aclararles un poco el panorama y decirles que en vez de pelear por no transparentar MiFaPro so pena de sacrificar al ministro Argueta, pueden bien transparentar todos los subsidios que da el Estado a cualquier ciudadano o empresa. Le harían más bien al país.

PS1. El martes pasado escribí una columna sobre la idea de poner un impuesto temporal a la exportación de azúcar por las ganancias extraordinarias que tienen en los mercados internacionales. Ese día, puse un post en mi blog www.MartinRodriguezPellecer.com sobre la necesidad de transparencia fiscal y bancaria en nuestro sector privado por las sanciones de Francia. Ese día, mi blog fue hackeado y sacado de la red. Por eso, temporalmente volveré a usar mi antiguo blog: www.MartinGuatemala.blogspot.com

martinpellecer@gmail.com

domingo, 21 de febrero de 2010

121. Azúcar -la idea de un impuesto extraordinario-

En todas las democracias y naciones desarrolladas hay una regla no escrita: los más fuertes aportan más para ayudar a que los más débiles tengan oportunidades para vivir dignamente, explotar su potencial y alcanzar la felicidad. Es por esto que los que más ganan, pagan más impuestos. Y los que menos tienen, los que más necesitan y utilizan los bienes públicos como educación, salud y recreación públicas y gratuitas.

En Guatemala hay muchos débiles y un grupo de los más fuertes es el de los azucareros. Sus 13 ingenios y 300 mil trabajadores directos o indirectos han producido más o menos 40 millones de quintales anuales de azúcar desde 1998 —según la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua)—; somos el quinto lugar mundial de productores de azúcar. Varios de estos ingenios se han modernizado y tienen bien pagados a sus trabajadores. Otros son unos explotadores, según algunos empresarios del sector.

El azúcar, a nivel mundial, está en un boom a nivel de precios por especulación, a niveles que no se miraban desde hace 35 años. Solo desde enero de 2000 a diciembre de 2009 se han triplicado o quintuplicado. Triplicado para Asazgua y el Banguat —de 6.4 a 16.57 dólares por quintal—; y quintuplicado para la agencia especializada Bloomberg —de 5.6 a 24.9 dólares por quintal—, en la azúcar más barata en los mercados. ¿Por qué habrá esta diferencia entre lo que declara Asazgua al Banguat y lo que dice Bloomberg?

De cualquier manera, ¿se imaginan la cantidad de plata extra que están ganando los azucareros por la especulación en los mercados globales? Muchos países han gravado a sus exportaciones para financiar a sus Estados y la construcción de bienes públicos como educación, salud o vivienda. Lo hizo Inglaterra desde el siglo XI, Indonesia con el plywood recientemente o Argentina, con la soya. Y, aunque usted no lo crea, lo hizo Guatemala en los setentas, cuando hubo otro boom de precios internacionales.

Los 13 ingenios no perderán competitividad, no causará desempleo; nada de esos petates de muerto con los que asustan los neoliberales. La idea de poner un impuesto extraordinario a las ganancias a las exportaciones tradicionales empezó en los setentas y uno de los impulsores, entonces secretario de Planificación del Gobierno, sufrió un atentado y tuvo que abandonar el país. Se trataba de Gert Rosenthal, después negociador de los acuerdos de paz, canciller, jefe de la CEPAL y nos representa ante la ONU en Nueva York. De eso ha 35 años.

Después de muchas batallas políticas, en 1974 al final los empresarios accedieron a pagar impuestos, aunque con tarifas más benignas, pero fueron eliminados desde Romeo Lucas. El impuesto puede consistir en que cuando los precios internacionales subieran de un precio en el que ya tienen ganancias, por ejemplo, US$10 el quintal, se les cobra un impuesto. Cuando bajen los precios internacionales de ahí, pues se les deja de cobrar.

Racionalmente, como ciudadano, me parece lo más natural y lógico que uno de los grupos más fuertes, que está pasando por una época de bonanza en época de crisis para el resto, aporte más para el Estado. Y no es algo comunista o chiflado. Es un argumento de ética, de practicar sus valores religiosos, de cumplir como ciudadanos ante el Estado y ante sus connacionales. De hacer este país un poco más viable y que no haya tanto guatemalteco que ante la desesperación por la pobreza y la falta de oportunidades tiene que escoger entre migrar, pasar a la informalidad o a ser peón del crimen organizado. ¿Aló mesas fiscales? Vea www.MartinRodriguezPellecer.com

martinpellecer@gmail.com