122. Miopía política sobre datos de MiFaPro

El Presidente perderá a un buen ministro de Educación.

Miopía

Hay lógicas políticas estratégicas y lógicas caprichosas y miopes. Una de las segundas es pensar en sacrificar a un buen ministro de Educación, Bienvenido Argueta, por la necedad e ilegalidad de negarse a publicar los números de cédula de los beneficiarios del programa de transferencias condicionadas, aunque la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia lo ordenaron ya.

En el debate guatemalteco sobre ingresos y egresos del Estado tiene tres esquinas: Reforma fiscal; combate al contrabando y a la evasión; y transparencia en el gasto. El gobierno de Colom –a trompezones, Rosenberazo y falta de operadores políticos- no ha conseguido la reforma fiscal que necesita el país después de dos años. Contra la evasión fiscal, enero y febrero han sido escenario de golpes a grandes evasores y el gobierno tiene una ventana de oportunidad política desde el 12 de enero para avanzar en ambos pulsos.

Pero hay otro pulso que perdió y se empeña en no reconocerlo: El de la obligación de transparentar el programa de transferencias condicionadas, Mi Familia Progresa. Esto es dar los números de cédula de los beneficiarios para fiscalizar que existan. Cumpliendo con su obligación como diputada de fiscalizar (para eso la elegimos) y respondiendo a un sentimiento ciudadano de transparencia, la diputada Nineth Montenegro ha logrado tras una ardua lucha legal que las cortes respalden su demanda y ordenen al ministro Argueta dar los datos, cosa que le impide la pareja Colom Torres.

MiFaPro está lejos de ser el que más corrupción hay en el Estado. Los contratos de infraestructura, la compra de medicinas o los temas financieros son agujeros negros enormes. Es un programa apoyado por el 75% de la población, una herramienta que ha sido exitosa en América Latina para romper el círculo de la pobreza dando dinero a las madres a cambio de que lleven a sus hijos a la escuela y al centro de salud, para competir con el estímulo del trabajo infantil.

La Primera Dama, asegura que protege a los pobres de la humillación que representa recibir dinero del Estado. Esto a pesar de que bajo la lógica más simple debe ser público el nombre de cualquier ciudadano o empresa que recibe algún beneficio del Estado. ¿Por qué empeñarse en esconder estos datos? Seguramente la mayoría de los beneficiarios son extremadamente pobres. Aunque un porcentaje se ha colado por fallas técnicas o negligencia. ¿Por qué no dejan fiscalizarlo? ¿Tan alto es el porcentaje de colados?

¿Además, vale tanto la pena ese pulso de ocultar datos como para sacrificar al ministro Argueta? Si no los da, caerá en desacato de una orden de la CC y la CSJ y será removido de su puesto.

Como el presidente Colom y Sandra de Colom no nos hacen caso a los que argumentamos, quizás el grupo de asesores presidenciales que dirige el ex presidente panameño Martín Torrijos pueda aclararles un poco el panorama y decirles que en vez de pelear por no transparentar MiFaPro so pena de sacrificar al ministro Argueta, pueden bien transparentar todos los subsidios que da el Estado a cualquier ciudadano o empresa. Le harían más bien al país.

PS1. El martes pasado escribí una columna sobre la idea de poner un impuesto temporal a la exportación de azúcar por las ganancias extraordinarias que tienen en los mercados internacionales. Ese día, puse un post en mi blog www.MartinRodriguezPellecer.com sobre la necesidad de transparencia fiscal y bancaria en nuestro sector privado por las sanciones de Francia. Ese día, mi blog fue hackeado y sacado de la red. Por eso, temporalmente volveré a usar mi antiguo blog: www.MartinGuatemala.blogspot.com

martinpellecer@gmail.com