Los militares y políticos hondureños regresaron a la prehistoria. Se olvidaron que los golpes de Estado eran de otra época y han dejado a toda Centroamérica en una situación muy complicada por no poder solucionar sus problemas políticos por medio de las instituciones y las leyes.
Sí, Manuel Zelaya es un populista que tensó la cuerda al forzar “una encuesta” ilegal, que no tendría efectos vinculantes y violó las leyes. Pero bajo ninguna circunstancia podemos permitir en Centroamérica que los militares salgan de sus cuarteles a interferir en política.
Ahora hay que ver cómo evitamos que el agua llegue al río y nuestro papel como vecino inmediato es clave. En Honduras sí que tenemos responsabilidad porque sí tenemos un peso económico e intereses estratégicos recíprocos.
La primera reacción del Gobierno ha sido la adecuada: desconocer al gobierno golpista, cortar relaciones militares, asistir a una reunión del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y mantener a nuestro embajador en Tegucigalpa. El siguiente paso tiene que ser ayudar a conseguir que la presión internacional sea por medio del SICA y de la Organización de Estados Americanos (OEA) y no a través de la incendiaria ALBA de Chávez. Esto es clave para encontrar una salida institucional y negociada a esta crisis.
El presidente Colom, junto a sus homólogos Funes, de El Salvador; y Arias, de Costa Rica, tienen que ser los principales actores de la región en el reclamo del retorno a la institucionalidad. La foto debería ser de ellos tres respaldando a Zelaya junto a Calderón (México), y –por ejemplo- Hillary Clinton y Celso Amorim (Brasil). Eso le daría mayor seriedad y que el peligro de dejar el micrófono a los populistas Chávez y Ortega (Nicaragua).
Esto porque ahora hay dos presidentes hondureños. El que reconoce el mundo y todas sus instituciones, pero no Honduras; y el que reconocen todas las fuerzas políticas y las instituciones hondureñas, pero no el mundo. Son claves estos dos detalles. Toda la institucionalidad mundial versus toda la institucionalidad hondureña. Quién doblegará a quién, está por verse esta semana. Es, sin embargo, un pulso de débiles por una presidencia simbólica. La institucionalidad hondureña es incluso más débil que la nuestra, pero la comunidad internacional puede ser lo suficientemente retórica o indiferente como para no poder doblegarla.
La respuesta internacional ha sido impresionante. Ha habido una condena de América Central, América Latina, Washington, Europa, la ONU. La respuesta hondureña también: ningún poder político hondureño ha cuestionado el golpe de Estado. Los militares hondureños ya están actuando –deteniendo a ministros y simpatizantes de Zelaya, como el alcalde de San Pedro Sula-, y si la comunidad internacional quiere sentar un precedente para todos los militares del continente tiene que advertir que tomará acciones.
Puede suspender a Honduras de la OEA, suspender la cooperación internacional y establecer sanciones comerciales hasta que no repongan a Zelaya. El SICA puede suspenderlo de las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Europa y de la cooperación antinarcótica bajo el amparo de la ONU.
El daño está hecho, por los militares y los políticos hondureños, que se encargaron de impedir que un presidente pueda gobernar los próximos cinco meses su país. Esto porque ni un Zelaya repuesto o un Micheletti aislado del mundo tendrán capacidad para gobernar: se trataría de una presidencia simbólica. Pero en política los símbolos importan mucho y es un momento precioso para recordarles a los militares que el mundo los quiere, pero bien guardaditos en sus cuarteles.
martinpellecer@gmail.com
lunes, 29 de junio de 2009
miércoles, 24 de junio de 2009
88. Parece que les habláramos en chino
Pareciera como si los actores políticos y judiciales se hacen los locos o sienten que les hablamos en chino. Todos los ciudadanos estamos reclamando la depuración del sistema y ellos lo repiten y cuando les toca depurarse o que los fiscalicen o aportar a la transparencia, ahí sí no es con ellos.
Por primera vez desde el retorno a la democracia, y a fuerza de los durísimos golpes de los últimos 25 años y los asesinatos desde hace 10 años, como sociedad nos estamos planteando la recuperación del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad, del Estado (perdido contra las mafias desde el año 2000). Bueno, para muchos es más una apropiación porque por generaciones los ciudadanos no hemos sido los dueños del Estado.
Pero para muchos, esta demanda de depuración es del diente al labio. Lo que da más vergüenza es la reacción de los miembros de la Fiscalía de Derechos Contra la Vida del Ministerio Público haciendo huelga para evitar que la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) los fiscalice. ¡Pero si les hemos estado reclamando eso desde hace años! Señor Fiscal General Vásquez Zárate, ¿qué va a hacer? Tenemos que dejar de proteger a los gremios y proteger a los ciudadanos.
Otro gremio que está en el ojo del huracán son los rectores de las universidades –resaltan Harold Caballeros y Eduardo Suger, que aspiran seguramente a “transparentar el Estado” desde la Presidencia- que se niegan a elegir a los presidentes de las comisiones de postulación de una manera pública y por sorteo. Se supone que son honorables, pero en el proceso de depurar las cortes no hay espacio para ser quisquillosos con la transparencia.
Después, los políticos. Sale el alcalde Arzú a decir que los partidos políticos tienen que renovarse –al igual que la Prensa y la iniciativa privada- lo cual puede ser cierto, pero él se hace elegir como Secretario General del Partido Unionista. Creo que habrá que ponerlo pronto en el podio de los “líderes eternos” que no construyen instituciones para ceder la batuta, algo así como Ríos Montt con su moribundo FRG o los sindicalistas. No hay ninguna cara nueva entre la élite del partido. Qué vergüenza.
(Paréntesis: Se mira duro el panorama a 15 meses de las elecciones. Sandra Torres. Pérez Molina. Giammattei. Suger. Caballeros. Baldizón. ¿No tenemos algún Obama? ¿O al menos un Mauricio Funes (presidente de El Salvador)? ¿O alguien de nuestros valientes de la sociedad civil o expolíticos que se anime a desafiar la hegemonía de los caciques y el poder retrógrado y el oscuro?)
Siguiendo con las irresponsabilidades –que parecen baratas-, otro ejemplo de no comprender que la depuración es para todos es la intimidación que Giovanni Fratti -abanderado de los jóvenes neoliberales- hizo a la columnista Marielos Monzón en un restaurante. Resulta que quiere ser de los nuevos líderes para construir un nuevo país calcando nuestros últimos treinta nefastos años.
Creo que no comprendemos que si nuestro Estado está tan podrido es porque nadie en la sociedad está dispuesto a depurarse. Estamos en una ventana de oportunidad espectacular para animarnos.
PS. Qué tal si los medios se enfocan no en la cantidad de contagiados cada día sino en que la mortalidad es mínima en el mundo, que los enfermos evolucionan bien y que estamos dentro de la curva normal de contagios. Creo que evitaría una paranoia. Eso sí, el Ministro de Salud… quizás debería dejar que el vicepresidente Espada sea el encargado de comunicarse.
www.martinguatemala.blogspot.com
Por primera vez desde el retorno a la democracia, y a fuerza de los durísimos golpes de los últimos 25 años y los asesinatos desde hace 10 años, como sociedad nos estamos planteando la recuperación del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad, del Estado (perdido contra las mafias desde el año 2000). Bueno, para muchos es más una apropiación porque por generaciones los ciudadanos no hemos sido los dueños del Estado.
Pero para muchos, esta demanda de depuración es del diente al labio. Lo que da más vergüenza es la reacción de los miembros de la Fiscalía de Derechos Contra la Vida del Ministerio Público haciendo huelga para evitar que la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) los fiscalice. ¡Pero si les hemos estado reclamando eso desde hace años! Señor Fiscal General Vásquez Zárate, ¿qué va a hacer? Tenemos que dejar de proteger a los gremios y proteger a los ciudadanos.
Otro gremio que está en el ojo del huracán son los rectores de las universidades –resaltan Harold Caballeros y Eduardo Suger, que aspiran seguramente a “transparentar el Estado” desde la Presidencia- que se niegan a elegir a los presidentes de las comisiones de postulación de una manera pública y por sorteo. Se supone que son honorables, pero en el proceso de depurar las cortes no hay espacio para ser quisquillosos con la transparencia.
Después, los políticos. Sale el alcalde Arzú a decir que los partidos políticos tienen que renovarse –al igual que la Prensa y la iniciativa privada- lo cual puede ser cierto, pero él se hace elegir como Secretario General del Partido Unionista. Creo que habrá que ponerlo pronto en el podio de los “líderes eternos” que no construyen instituciones para ceder la batuta, algo así como Ríos Montt con su moribundo FRG o los sindicalistas. No hay ninguna cara nueva entre la élite del partido. Qué vergüenza.
(Paréntesis: Se mira duro el panorama a 15 meses de las elecciones. Sandra Torres. Pérez Molina. Giammattei. Suger. Caballeros. Baldizón. ¿No tenemos algún Obama? ¿O al menos un Mauricio Funes (presidente de El Salvador)? ¿O alguien de nuestros valientes de la sociedad civil o expolíticos que se anime a desafiar la hegemonía de los caciques y el poder retrógrado y el oscuro?)
Siguiendo con las irresponsabilidades –que parecen baratas-, otro ejemplo de no comprender que la depuración es para todos es la intimidación que Giovanni Fratti -abanderado de los jóvenes neoliberales- hizo a la columnista Marielos Monzón en un restaurante. Resulta que quiere ser de los nuevos líderes para construir un nuevo país calcando nuestros últimos treinta nefastos años.
Creo que no comprendemos que si nuestro Estado está tan podrido es porque nadie en la sociedad está dispuesto a depurarse. Estamos en una ventana de oportunidad espectacular para animarnos.
PS. Qué tal si los medios se enfocan no en la cantidad de contagiados cada día sino en que la mortalidad es mínima en el mundo, que los enfermos evolucionan bien y que estamos dentro de la curva normal de contagios. Creo que evitaría una paranoia. Eso sí, el Ministro de Salud… quizás debería dejar que el vicepresidente Espada sea el encargado de comunicarse.
www.martinguatemala.blogspot.com
jueves, 18 de junio de 2009
87. ¿Corte de Constitucionalidad para los ciudadanos?
La Corte de Constitucionalidad (CC) tiene otra vez una decisión para formar país: Decidir si los ciudadanos tenemos que pagarle más al monopolio de la Empresa Eléctrica.
No sé si me da confianza nuestro máximo tribunal. No me la da por su interpretación política de las leyes. Porque al final se convierte en un pulso entre magistrados éticos y magistrados no éticos de la Corte.
A ver, la Empresa Eléctrica tiene un monopolio con el que nos mira la cara de brutos a los guatemaltecos, produciendo energía acá y vendiéndola más barata a los salvadoreños. Además, sin ninguna competencia nacional. Y con ganancias multimillonarias. Y el Estado –por medio de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica- decidió que nos cobre menos. Y viene este monopolio español –aunque podría ser un detestable monopolio guatemalteco o mexicano- y se rehúsa a pagar más impuestos y tiene la osadía de dejar de facturar.
¿Se imaginan si el Estado español les da un monopolio y les aumenta la tarifa y ellos se atreven a dejar de facturar? Directito al bote. Acá, estamos en las manos de cinco magistrados.
Y la última decisión clave para el futuro del país que tomaron con los pies pasó desapercibida entre tanto escándalo. Ampararon provisionalmente a la gremial de armeros respecto de una parte de la nueva ley de armas, que prohibía a los menores de 25 años portar un arma. Les dejaron que los patojitos de 18 años que contratan puedan ser una excepción igual que los policías nacionales.
Qué vergüenza. La mitad de los guardias de seguridad tienen menos de 25 años y la inmensa mayoría no recibe ninguna capacitación de absolutamente nada.
“Es que va a haber muchos desempleados”, dicen los armeros. Pues el sector productivo del país podría ser un poco más innovador y responsable que estar dando armas a campesinos del interior malpagándoles a cambio de evitar que cualquiera se acerque a sus parqueos.
Yo recuerdo que una tarde en medio del tráfico me detuve en un parqueo vacío de una farmacia en la zona 10 con luces intermitentes a esperar a un amigo al que tenía que pasar a traer; estaba saliendo de una tienda. Tenía que esperar dos minutos.
Pero el guardia de la farmacia se acercó y me dijo “no te podés quedar acá”. Yo le expliqué que serían dos minutos y que si llegaba otro carro, me movería. “El patrón me dio órdenes de disparar a cualquiera que se ponga en el parqueo”. “Son dos minutos”, le respondí. “¿No entendés?”, me gritó, cargando su escopeta, antes de continuar, “¿Vos me vas a pagar los mil pesos que me dan a fin de mes?”, me preguntó, junto antes de que llegara mi amigo.
Yo tuve suerte. El otro día ví como dos guardias de seguridad vapuleaban a un tipo que se sentó en una acera de una heladería en Las Américas hasta que intervenimos unos comensales. No sé la cantidad de asesinatos o lesiones que habrán cometido guardias de seguridad privados –o empleados de los patrones de las empresas de seguridad- a quienes la CC está beneficiando.
Pero bueno, al final, ¿cuánto les importamos los ciudadanos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Ellos tienen la respuesta.
PS. Dos posdatas. La primera es el agradecimiento a la CICIG por cuestionar con igual rigor a “los buenos” que a “los malos”. Es un paso adelante que en el caso de la PDH digan que el acusado no es el responsable del secuestro de Gladys Monterroso, aunque (espero) eso no quiera decir que el caso está cerrado. Como también lo es la llamada de atención a los medios –todos- desinformadores. La vida no es de buenos y malos. Tenemos que ser responsables.
La segunda es mi solidaridad con Otto Pérez y Roxana Baldetti por las amenazas de muerte en su contra; creo que el gobierno de Colom se está pasando de demonizarlos.
martinpellecer@gmail.com
No sé si me da confianza nuestro máximo tribunal. No me la da por su interpretación política de las leyes. Porque al final se convierte en un pulso entre magistrados éticos y magistrados no éticos de la Corte.
A ver, la Empresa Eléctrica tiene un monopolio con el que nos mira la cara de brutos a los guatemaltecos, produciendo energía acá y vendiéndola más barata a los salvadoreños. Además, sin ninguna competencia nacional. Y con ganancias multimillonarias. Y el Estado –por medio de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica- decidió que nos cobre menos. Y viene este monopolio español –aunque podría ser un detestable monopolio guatemalteco o mexicano- y se rehúsa a pagar más impuestos y tiene la osadía de dejar de facturar.
¿Se imaginan si el Estado español les da un monopolio y les aumenta la tarifa y ellos se atreven a dejar de facturar? Directito al bote. Acá, estamos en las manos de cinco magistrados.
Y la última decisión clave para el futuro del país que tomaron con los pies pasó desapercibida entre tanto escándalo. Ampararon provisionalmente a la gremial de armeros respecto de una parte de la nueva ley de armas, que prohibía a los menores de 25 años portar un arma. Les dejaron que los patojitos de 18 años que contratan puedan ser una excepción igual que los policías nacionales.
Qué vergüenza. La mitad de los guardias de seguridad tienen menos de 25 años y la inmensa mayoría no recibe ninguna capacitación de absolutamente nada.
“Es que va a haber muchos desempleados”, dicen los armeros. Pues el sector productivo del país podría ser un poco más innovador y responsable que estar dando armas a campesinos del interior malpagándoles a cambio de evitar que cualquiera se acerque a sus parqueos.
Yo recuerdo que una tarde en medio del tráfico me detuve en un parqueo vacío de una farmacia en la zona 10 con luces intermitentes a esperar a un amigo al que tenía que pasar a traer; estaba saliendo de una tienda. Tenía que esperar dos minutos.
Pero el guardia de la farmacia se acercó y me dijo “no te podés quedar acá”. Yo le expliqué que serían dos minutos y que si llegaba otro carro, me movería. “El patrón me dio órdenes de disparar a cualquiera que se ponga en el parqueo”. “Son dos minutos”, le respondí. “¿No entendés?”, me gritó, cargando su escopeta, antes de continuar, “¿Vos me vas a pagar los mil pesos que me dan a fin de mes?”, me preguntó, junto antes de que llegara mi amigo.
Yo tuve suerte. El otro día ví como dos guardias de seguridad vapuleaban a un tipo que se sentó en una acera de una heladería en Las Américas hasta que intervenimos unos comensales. No sé la cantidad de asesinatos o lesiones que habrán cometido guardias de seguridad privados –o empleados de los patrones de las empresas de seguridad- a quienes la CC está beneficiando.
Pero bueno, al final, ¿cuánto les importamos los ciudadanos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Ellos tienen la respuesta.
PS. Dos posdatas. La primera es el agradecimiento a la CICIG por cuestionar con igual rigor a “los buenos” que a “los malos”. Es un paso adelante que en el caso de la PDH digan que el acusado no es el responsable del secuestro de Gladys Monterroso, aunque (espero) eso no quiera decir que el caso está cerrado. Como también lo es la llamada de atención a los medios –todos- desinformadores. La vida no es de buenos y malos. Tenemos que ser responsables.
La segunda es mi solidaridad con Otto Pérez y Roxana Baldetti por las amenazas de muerte en su contra; creo que el gobierno de Colom se está pasando de demonizarlos.
martinpellecer@gmail.com
martes, 9 de junio de 2009
86. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con el ejército en Guatemala?
Tenemos la capacidad para fijarnos en cualquier detalle que abone en el pesimismo, en ver el más mínimo error o estupidez en el otro para denunciar lo irredimible de su condición; casi todos los que tienen acceso al micrófono son especialistas en ver el vaso medio vacío. Pero esta semana nadie dijo ni pío por un escándalo casi tan fuerte como el asesinato de Rodrigo Rosenberg.
Resulta que los narcos matan policías del Ministerio de Gobernación con armas del Ministerio de la Defensa de Guatemala, del ejército. El excelente artículo de Luis Ángel Sas en elPeriódico la semana pasada nos recordó que cuando despertamos, el dinosaurio sigue ahí. El 24 de abril, cinco policías fueron asesinados por narcotraficantes cuando buscaban incautar cocaína y un arsenal inmenso. Pues era de Industria Militar Guatemalteca.
“Ah, es que nos lo robaron”, respondió el ministro Valenzuela. Ajá. Pero no lo denunciaron en el Ministerio Público “porque es un delito militar”. Si pues. Para robarse ese arsenal de las instalaciones del Ministerio de la Defensa, sin disparar una sola bala, seguramente hubo un par de soldados chispudos, ¿no? Ningún mayor ni capitán ni general ni ex general estuvo metido. No, nada que ver. Si los militares son los que nos brindarán seguridad y salvarán al país de los narcos. Y sobre este incidente, todos nos quedamos callados y acá no pasó nada.
El caso es tan escandalosamente grave y la ausencia de ninguna reacción hasta el lunes por la mañana por parte del comandante general del Ejército, don Álvaro Colom, ni de ningún diputado de oposición, ni del CACIF, ni de absolutamente nadie, que uno tiene que recurrir a cinismos para describirlo.
El Instituto Brookings, el think tank más importante del mundo, describía en su análisis sobre Guatemalastán (o sea, nosotros), que el narcotráfico en el país siempre ha contado con la complicidad del ejército de Guatemala. Le cedieron a los cárteles las estructuras del contrabando –que sólo el gobierno de Álvaro Arzú se atrevió a combatir-, le prestaron la pista de la Base Militar de Zacapa hace un par de años –otro hecho que nadie comentó- y ahora “dejan que les roben armas”, por no decir que se las facilitan. Si yo fuera militar, me daría vergüenza. Como soy un ciudadano, me indigna y escribo una columna para intentar contagiar de mi indignación a las autoridades de mi Estado.
¿Y ahora? A la PNC se le depura hace años y ahora la CICIG ya puede trabajar con un equipo de investigación. A los jueces y fiscales corruptos al fin los estamos fiscalizando con ayuda de CICIG. Al Congreso lo fiscalizamos hasta convertirlo en cenizas (con la complicidad de los tantos corruptos y clientelares diputados), al mediocre Gobierno de la UNE le impedimos gobernar… y ¿al ejército?
¿Vencieron militarmente a la guerrilla para darle el país a los narcos?
¿Y ahora? ¿Los militares probos van a depurar su ejército? ¿Va a dejar el presidente Colom de repetir la mentira de que fue porque se redujo el ejército que entró el narcotráfico? ¿Le pedimos a la Cicig que nos eche una mano para depurarlo? ¿Pondrá el ministro Valenzuela a disposición de los tribunales a los militares responsables del robo? ¿Interpelará al ministro el Partido Patriota (o aunque sea los populistas de Lider)? ¿O le pedimos a los gringos y a la ONU que intervengan? Aló… ¿hay alguien ahí?
martinpellecer@gmail.com
Resulta que los narcos matan policías del Ministerio de Gobernación con armas del Ministerio de la Defensa de Guatemala, del ejército. El excelente artículo de Luis Ángel Sas en elPeriódico la semana pasada nos recordó que cuando despertamos, el dinosaurio sigue ahí. El 24 de abril, cinco policías fueron asesinados por narcotraficantes cuando buscaban incautar cocaína y un arsenal inmenso. Pues era de Industria Militar Guatemalteca.
“Ah, es que nos lo robaron”, respondió el ministro Valenzuela. Ajá. Pero no lo denunciaron en el Ministerio Público “porque es un delito militar”. Si pues. Para robarse ese arsenal de las instalaciones del Ministerio de la Defensa, sin disparar una sola bala, seguramente hubo un par de soldados chispudos, ¿no? Ningún mayor ni capitán ni general ni ex general estuvo metido. No, nada que ver. Si los militares son los que nos brindarán seguridad y salvarán al país de los narcos. Y sobre este incidente, todos nos quedamos callados y acá no pasó nada.
El caso es tan escandalosamente grave y la ausencia de ninguna reacción hasta el lunes por la mañana por parte del comandante general del Ejército, don Álvaro Colom, ni de ningún diputado de oposición, ni del CACIF, ni de absolutamente nadie, que uno tiene que recurrir a cinismos para describirlo.
El Instituto Brookings, el think tank más importante del mundo, describía en su análisis sobre Guatemalastán (o sea, nosotros), que el narcotráfico en el país siempre ha contado con la complicidad del ejército de Guatemala. Le cedieron a los cárteles las estructuras del contrabando –que sólo el gobierno de Álvaro Arzú se atrevió a combatir-, le prestaron la pista de la Base Militar de Zacapa hace un par de años –otro hecho que nadie comentó- y ahora “dejan que les roben armas”, por no decir que se las facilitan. Si yo fuera militar, me daría vergüenza. Como soy un ciudadano, me indigna y escribo una columna para intentar contagiar de mi indignación a las autoridades de mi Estado.
¿Y ahora? A la PNC se le depura hace años y ahora la CICIG ya puede trabajar con un equipo de investigación. A los jueces y fiscales corruptos al fin los estamos fiscalizando con ayuda de CICIG. Al Congreso lo fiscalizamos hasta convertirlo en cenizas (con la complicidad de los tantos corruptos y clientelares diputados), al mediocre Gobierno de la UNE le impedimos gobernar… y ¿al ejército?
¿Vencieron militarmente a la guerrilla para darle el país a los narcos?
¿Y ahora? ¿Los militares probos van a depurar su ejército? ¿Va a dejar el presidente Colom de repetir la mentira de que fue porque se redujo el ejército que entró el narcotráfico? ¿Le pedimos a la Cicig que nos eche una mano para depurarlo? ¿Pondrá el ministro Valenzuela a disposición de los tribunales a los militares responsables del robo? ¿Interpelará al ministro el Partido Patriota (o aunque sea los populistas de Lider)? ¿O le pedimos a los gringos y a la ONU que intervengan? Aló… ¿hay alguien ahí?
martinpellecer@gmail.com
viernes, 5 de junio de 2009
(85). Irresponsabilidad del Grupo Garante
Considero que Francisco Jiménez, el ex ministro de Gobernación, es una persona seria y considero que si le entregó el borrador de la Hoja de Ruta para la aplicación del Acuerdo Nacional de Seguridad (ANS) al Grupo Garante (PDH, USAC, Iglesia Católica y Alianza Evangélica) fue para que le respondieran sus críticas para mejorarlo. Pero NO públicamente. Esto sólo desvirtúa el acuerdo. ¿Se imaginan si los Acuerdos de Paz no se hubieran negociado a puerta cerrada? Nunca se habrían firmado. Y son los Acuerdos más imporantes que hemos firmado en 180 años de historia republicana.
El Grupo Garante tiene que continuar el proceso de crítica a las propuestas de Gobierno. Eso está muy bien. Pero debe denunciar los fallos ante la opinión pública cuando vea negligencia gubernamental en aceptar las soluciones. Si lo hace antes, no debilita al mediocre Gobierno de Álvaro Colom, debilita a la institucionalización del ANS y del Estado.
Creo que debemos empezar a fiscalizarnos a todos y romper la dicotomía entre buenos y malos de la película que los formadores de opinión ayudamos a construir.
Y este acuerdo tiene que ser estatal, nacional, de todos. Es incluso más importante que la CICIG.
Por cierto, les recomiendo la valiente columna de hoy de Juan Luis Font.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20090605/opinion/102786
El Grupo Garante tiene que continuar el proceso de crítica a las propuestas de Gobierno. Eso está muy bien. Pero debe denunciar los fallos ante la opinión pública cuando vea negligencia gubernamental en aceptar las soluciones. Si lo hace antes, no debilita al mediocre Gobierno de Álvaro Colom, debilita a la institucionalización del ANS y del Estado.
Creo que debemos empezar a fiscalizarnos a todos y romper la dicotomía entre buenos y malos de la película que los formadores de opinión ayudamos a construir.
Y este acuerdo tiene que ser estatal, nacional, de todos. Es incluso más importante que la CICIG.
Por cierto, les recomiendo la valiente columna de hoy de Juan Luis Font.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20090605/opinion/102786
miércoles, 3 de junio de 2009
(Análisis de Brookings sobre Guatemala)
Éste es el análisis del think tank más importante del mundo, con sede en Nueva York.
Es muy preocupante.
http://www.brookings.edu/opinions/2009/0522_guatemala_casaszamora.aspx
'Guatemalastan': How to Prevent a Failed State in our Midst
Kevin Casas-Zamora, Senior Fellow, Foreign Policy, Latin America Initiative
The Brookings Institution
May 22, 2009 —
When policy makers in Washington labeled Mexico a “failing” state, the Mexican authorities were rightly annoyed by the claim. In fact, the experts may have missed their target by little, for the term would have been better employed in describing neighboring Guatemala.
Guatemala has long been a crucial transit point for north-bound narcotics. In this role the country has been helped by both geography and institutional make up. The thick unpopulated forests of Petén, in Northern Guatemala, offer a haven to drug trafficking activities, often carried out under the complacent gaze, when not the active participation, of the only institution with effective presence throughout the Guatemalan territory: a military establishment riddled with corruption. Indeed, outside the military, the Guatemalan state is a feeble entity by almost any indicator. Tax revenue in the country stands at 12% of GDP, one of lowest figures in Latin America.
Earlier this year, U.S. Ambassador to Guatemala Stephen McFarland reckoned in an interview with a local newspaper that approximately 300-400 tons of cocaine per year were passing through the country. Yet, according to figures of the U.S. government, in 2007 cocaine seizures in Guatemala were a paltry 730 kilograms (compared to 13 and 27 metric tons in Nicaragua and Costa Rica, respectively). The few doubts that remained about the penetration of organized crime in Guatemala’s institutions were removed in early 2007 when 3 Salvadoran members of the Central American Parliament were murdered on their way to Guatemala City, in what clearly looked like a drug-related crime. Worse was to come a few days later, when the 4 Guatemalan police officers suspected of committing the crime were, in turn, murdered while on custody in a maximum security jail. At that point, faced with an international outcry, then President Oscar Berger publicly acknowledged his inability to guarantee the safety of any detainee in a Guatemalan prison. Berger’s admission clearly implied that Guatemalan law enforcement agencies could hardly be trusted. In fact, they are not. According to Iberobarómetro 2008, a regional survey, only 25% of the Guatemalan population has any confidence in the police, while only 15% trusts the Constitutional Court and the Supreme Court, in both cases amongst the lowest figures in the region.
The penetration of organized crime in Guatemala adds a particularly combustive fuel to a mix that includes exceptionally high levels of inequality, very limited opportunities for a large marginalized youth, and the troubling inheritance of a four-decade long civil war. Predictably, Guatemala exhibits some of the world’s worst violence indicators. The homicide rate doubled from 23 murders per 100,000 inhabitants in 1999 to 45 in 2006, reaching 108 in Guatemala City, nearly 3 times as high as Baghdad’s current rate. As a point of comparison, the murder rate in the United States is currently 5.9 per 100,000 people.
Despite the efforts of the current President Alvaro Colom—now himself under investigation for his alleged role in the murder of a local businessman—Guatemala is faced with an increasingly intractable lawlessness syndrome. The weakness of the state, the pervasive violence, the widespread corruption, and the country’s strategic location for drug trafficking are creating a very dangerous cocktail. Moreover, the prognosis is not favorable. The situation on the ground in Central America is bound to deteriorate if the offensive of the Mexican government against the drug cartels succeeds in reclaiming control over Northern Mexico for the state. Evidence of increased activity by Mexican crime syndicates, including turf wars between them, is rife throughout Central America these days. The big difference, of course, is that the capacities of the Central American states, and of the Guatemalan state in particular, to enforce the law and exert effective control over their territory are well below those of Mexico and certainly below what is needed to face up to the dire security challenge that is being foisted upon them.
Guatemala is experiencing a silent institutional collapse. Unlike Afghanistan or Somalia, its institutions seem to be failing slowly, in a non-conspicuous way, unnoticed by the headlines. The United States and the neighboring countries, which are certain to be affected by the anomie that seems to be engulfing Guatemala, would do well to pay attention and commit resources to prevent this outcome. The approximately $10-20 million that have been allotted to Guatemala under the Merida Initiative to combat organized crime are grossly insufficient to have any visible impact on the problem. Given the extent of corruption in the institutions that are entrusted with upholding the rule of law in Guatemala, any effort to reform them faces heavy odds. But the alternative is too dire to contemplate
Es muy preocupante.
http://www.brookings.edu/opinions/2009/0522_guatemala_casaszamora.aspx
'Guatemalastan': How to Prevent a Failed State in our Midst
Kevin Casas-Zamora, Senior Fellow, Foreign Policy, Latin America Initiative
The Brookings Institution
May 22, 2009 —
When policy makers in Washington labeled Mexico a “failing” state, the Mexican authorities were rightly annoyed by the claim. In fact, the experts may have missed their target by little, for the term would have been better employed in describing neighboring Guatemala.
Guatemala has long been a crucial transit point for north-bound narcotics. In this role the country has been helped by both geography and institutional make up. The thick unpopulated forests of Petén, in Northern Guatemala, offer a haven to drug trafficking activities, often carried out under the complacent gaze, when not the active participation, of the only institution with effective presence throughout the Guatemalan territory: a military establishment riddled with corruption. Indeed, outside the military, the Guatemalan state is a feeble entity by almost any indicator. Tax revenue in the country stands at 12% of GDP, one of lowest figures in Latin America.
Earlier this year, U.S. Ambassador to Guatemala Stephen McFarland reckoned in an interview with a local newspaper that approximately 300-400 tons of cocaine per year were passing through the country. Yet, according to figures of the U.S. government, in 2007 cocaine seizures in Guatemala were a paltry 730 kilograms (compared to 13 and 27 metric tons in Nicaragua and Costa Rica, respectively). The few doubts that remained about the penetration of organized crime in Guatemala’s institutions were removed in early 2007 when 3 Salvadoran members of the Central American Parliament were murdered on their way to Guatemala City, in what clearly looked like a drug-related crime. Worse was to come a few days later, when the 4 Guatemalan police officers suspected of committing the crime were, in turn, murdered while on custody in a maximum security jail. At that point, faced with an international outcry, then President Oscar Berger publicly acknowledged his inability to guarantee the safety of any detainee in a Guatemalan prison. Berger’s admission clearly implied that Guatemalan law enforcement agencies could hardly be trusted. In fact, they are not. According to Iberobarómetro 2008, a regional survey, only 25% of the Guatemalan population has any confidence in the police, while only 15% trusts the Constitutional Court and the Supreme Court, in both cases amongst the lowest figures in the region.
The penetration of organized crime in Guatemala adds a particularly combustive fuel to a mix that includes exceptionally high levels of inequality, very limited opportunities for a large marginalized youth, and the troubling inheritance of a four-decade long civil war. Predictably, Guatemala exhibits some of the world’s worst violence indicators. The homicide rate doubled from 23 murders per 100,000 inhabitants in 1999 to 45 in 2006, reaching 108 in Guatemala City, nearly 3 times as high as Baghdad’s current rate. As a point of comparison, the murder rate in the United States is currently 5.9 per 100,000 people.
Despite the efforts of the current President Alvaro Colom—now himself under investigation for his alleged role in the murder of a local businessman—Guatemala is faced with an increasingly intractable lawlessness syndrome. The weakness of the state, the pervasive violence, the widespread corruption, and the country’s strategic location for drug trafficking are creating a very dangerous cocktail. Moreover, the prognosis is not favorable. The situation on the ground in Central America is bound to deteriorate if the offensive of the Mexican government against the drug cartels succeeds in reclaiming control over Northern Mexico for the state. Evidence of increased activity by Mexican crime syndicates, including turf wars between them, is rife throughout Central America these days. The big difference, of course, is that the capacities of the Central American states, and of the Guatemalan state in particular, to enforce the law and exert effective control over their territory are well below those of Mexico and certainly below what is needed to face up to the dire security challenge that is being foisted upon them.
Guatemala is experiencing a silent institutional collapse. Unlike Afghanistan or Somalia, its institutions seem to be failing slowly, in a non-conspicuous way, unnoticed by the headlines. The United States and the neighboring countries, which are certain to be affected by the anomie that seems to be engulfing Guatemala, would do well to pay attention and commit resources to prevent this outcome. The approximately $10-20 million that have been allotted to Guatemala under the Merida Initiative to combat organized crime are grossly insufficient to have any visible impact on the problem. Given the extent of corruption in the institutions that are entrusted with upholding the rule of law in Guatemala, any effort to reform them faces heavy odds. But the alternative is too dire to contemplate
lunes, 1 de junio de 2009
85. Brasil en Guatemala
Durante casi 200 años, América Latina siempre se debatió entre ser como Europa o Estados Unidos o ser como sí misma. Desde hace cinco años ya no existe esa disyuntiva. Ahora todos, desde México hasta Chile, pasando por Ecuador, Colombia o Guatemala, todos queremos ser como Brasil. Todos queremos ser América Latina.
En su seria estrategia de expansión global, Planalto e Itamaratí decidieron que la zona de influencia brasileira sería Suramérica y el Caribe, decidieron fomentar la asociación con los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) para garantizar su crecimiento económico y político, entendieron lo importante de una alianza estratégica con Washington a prueba de Bushes, y tuvieron la visión para empezar la cooperación e influencia en África a través de los países lusoparlantes –que fueron colonias del imperio portugués (cuya sede estuvo durante más de un siglo en Río de Janeiro)- y aspiran con esto a tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Como podemos ver, Centroamérica no aparece de momento en este mapamundi brasileiro. Esto es seriamente perjudicial para nuestros intereses porque América Latina existe en el mundo de las grandes ligas sólo a través de Brasil.
Las primeras visitas después de ser electos como presidentes de Guatemala y El Salvador fueron a Brasilia. Las respuestas de cómo quieren ser cuando sean grandes de los presidentes Colom y Funes fueron como Lula. El viaje del presidente Lula a Centroamérica puede ser el inicio de la reciprocidad. Pero a mí un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y SICA me sabe a migajas.
Centroamérica quiere ser parte de la UNASUR y Brasil es el único que puede acelerarlo. Guatemala hubiera querido llevar su crisis política actual a la mesa de la UNASUR y tuvo que llevarla a la OEA y al Grupo de Río. Centroamérica quiere ser parte central de la alianza energética entre Brasil y Estados Unidos y Lula tiene un peso clave para que así sea. Centroamérica quiere existir para América del Sur y la única que puede hacerlo suceder es Brasilia.
Y no es que Centroamérica sea sólo un patio trasero. Con nuestros 47 millones de habitantes, somos “el tercer país” de América Latina tras Brasil y México y comerciamos tanto con Estados Unidos como lo que comercian India, Rusia e Indonesia con sus 1 500 millones de habitantes. Sí, son cifras de USAID. Nuestro potencial para crecer es enorme.
Sí, tenemos retos enormes contra la pobreza y el narcotráfico. Brasil puede compartir su experiencia en ambas.
Centroamérica quiere copiar los programas sociales brasileños y nosotros ciudadanos agradeceríamos muchísimo si Lula puede hacerle entender al presidente Colom y su esposa Sandra Torres que la clave del éxito de Bolsa Scuola fue la institucionalización y la transparencia y no el clientelismo político. Que aunque Lula quiera que su ministra Dilma Rousseff sea su sucesora, no la va a poner a entregar el dinero desde sus manos a las mujeres brasileñas como sí lo hace Torres de Colom.
Brasil quiere ser el líder latinoamericano para ser más representativo en el tablero mundial. Pero quiere ser no un líder-jefe, sino un líder-hermano grande. Bueno, pues al hermano grande se le reclama reciprocidades, un trato horizontal y atención. Sí, atención para Centroamérica, que quiere ser una sola con América del Sur. ¿Cuál será la respuesta del presidente Lula?
martinpellecer@gmail.com
En su seria estrategia de expansión global, Planalto e Itamaratí decidieron que la zona de influencia brasileira sería Suramérica y el Caribe, decidieron fomentar la asociación con los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) para garantizar su crecimiento económico y político, entendieron lo importante de una alianza estratégica con Washington a prueba de Bushes, y tuvieron la visión para empezar la cooperación e influencia en África a través de los países lusoparlantes –que fueron colonias del imperio portugués (cuya sede estuvo durante más de un siglo en Río de Janeiro)- y aspiran con esto a tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Como podemos ver, Centroamérica no aparece de momento en este mapamundi brasileiro. Esto es seriamente perjudicial para nuestros intereses porque América Latina existe en el mundo de las grandes ligas sólo a través de Brasil.
Las primeras visitas después de ser electos como presidentes de Guatemala y El Salvador fueron a Brasilia. Las respuestas de cómo quieren ser cuando sean grandes de los presidentes Colom y Funes fueron como Lula. El viaje del presidente Lula a Centroamérica puede ser el inicio de la reciprocidad. Pero a mí un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y SICA me sabe a migajas.
Centroamérica quiere ser parte de la UNASUR y Brasil es el único que puede acelerarlo. Guatemala hubiera querido llevar su crisis política actual a la mesa de la UNASUR y tuvo que llevarla a la OEA y al Grupo de Río. Centroamérica quiere ser parte central de la alianza energética entre Brasil y Estados Unidos y Lula tiene un peso clave para que así sea. Centroamérica quiere existir para América del Sur y la única que puede hacerlo suceder es Brasilia.
Y no es que Centroamérica sea sólo un patio trasero. Con nuestros 47 millones de habitantes, somos “el tercer país” de América Latina tras Brasil y México y comerciamos tanto con Estados Unidos como lo que comercian India, Rusia e Indonesia con sus 1 500 millones de habitantes. Sí, son cifras de USAID. Nuestro potencial para crecer es enorme.
Sí, tenemos retos enormes contra la pobreza y el narcotráfico. Brasil puede compartir su experiencia en ambas.
Centroamérica quiere copiar los programas sociales brasileños y nosotros ciudadanos agradeceríamos muchísimo si Lula puede hacerle entender al presidente Colom y su esposa Sandra Torres que la clave del éxito de Bolsa Scuola fue la institucionalización y la transparencia y no el clientelismo político. Que aunque Lula quiera que su ministra Dilma Rousseff sea su sucesora, no la va a poner a entregar el dinero desde sus manos a las mujeres brasileñas como sí lo hace Torres de Colom.
Brasil quiere ser el líder latinoamericano para ser más representativo en el tablero mundial. Pero quiere ser no un líder-jefe, sino un líder-hermano grande. Bueno, pues al hermano grande se le reclama reciprocidades, un trato horizontal y atención. Sí, atención para Centroamérica, que quiere ser una sola con América del Sur. ¿Cuál será la respuesta del presidente Lula?
martinpellecer@gmail.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
