UNA DE LAS REFORMAS que sí puede cambiar al Estado de Guatemala es a la Ley Electoral; los diputados tienen una oportunidad histórica para revitalizar la democracia y ayudar a reconstruir y salvar al Estado.
Una primera idea es liberar a los partidos de financistas narcotraficantes, funcionarios corruptos y empresarios “sin rostro” que los usan para lavar dinero o para esclavizar a los políticos. Si aumentamos el financiamiento estatal, ordenamos el privado y penalizamos los aportes anónimos, empezaremos a devolver a la ciudadanía la propiedad de sus vehículos más importantes hacia el Estado, los partidos. Las reformas de 2004 y 2006 se quedaron a medias porque dijeron qué era lo ilegal pero ni el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ni los fiscales tenían armas legales para enjuiciar a quienes lo incumplieran. Los estados financieros fueron un chiste; y ¿de qué nos sirven leyes-chiste? ¿Para ser el traidito? Vaya adolescencia.
Otra es la institucionalidad y la democratización partidaria. A mí como guatemalteco me da vergüenza tener partidos que duran 7 años, propiedad de un caudillo y sin aportes ideológicos. ¿Por qué no obligamos a que se democraticen los partidos y los comités para que cada dos años los afiliados puedan legitimarlos o despedirlos? ¿Por qué no democratizamos las bancadas con votos secretos de los diputados, fiscalizados por el TSE o la opinión pública, y que así el que abandone la bancada no tenga excusa y se le penalice con prohibirle crear la propia en dos años?
Una determinante es continuar con el mandato que ha dado la ciudadanía de convertir al Congreso en el centro democrático del país (preferimos debate y búsqueda de consensos a aplanadoras). En otros países, el líder de la oposición tiene que demostrar de qué está hecho pasando por el Congreso como diputado. La ciudadanía podría ver qué tanto talante de líder tiene, cómo discute y negocia democráticamente con opositores, cómo resiste a las presiones de los poderes de facto. Hubiera preferido ver a Pérez Molina o a Giammattei debatiendo ahora en el Congreso cuatro años que a “sus diputados” llamándolos por celular para ver cómo votan. Por ejemplo, que el presidenciable (y vicepresidenciable) que consiga más del 12 por ciento de los votos tenga una curul en el Congreso. Seis diputados más, que deberían ser líderes nacionales, no deberían ser una carga excesiva en un futuro Congreso de unos 100 o 120 diputados. Además, así aprenderían al llegar al Ejecutivo que no tienen que tratar al Congreso como finca.
La disminución del número de diputados es clave para recuperar simpatía y credibilidad dentro de la ciudadanía. Sería una señal para los migrantes el voto en el exterior para diputados del Listado Nacional y presidente. Y si queremos más y mejor democracia, la elección democrática de gobernadores puede ser un golazo.
Para que el Congreso y los partidos puedan ser el centro democrático del país deberían reflejarlo mejor. Sería interesante si cada diputado en el pleno viera hacia sus costados y se preguntara si considera al resto de sus colegas lo mejor o lo más representativo entre los guatemaltecos. Guatemala no tiene nueve por ciento de mujeres y nueve por ciento de indígenas. ¿Por qué no obligamos a los partidos a ser democráticos y a que la mitad de sus candidaturas pares sean de minorías? Me explico, para que no los releguen a los puestos ocho para adelante, que al menos las candidaturas pares sean para un indígena o para una mujer. Discriminación positiva, para balancear algo que los partidos no han hecho. Somos el Congreso latinoamericano con menos porcentaje de mujeres y minorías étnicas; no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y la idea de listas abiertas de diputados no está mal. Tampoco lo estaría una idea para evitar la venta de fichas de partidos.
En fin, debemos ser creativos, sensatos, responsables, tomar en cuenta que en 2008 podemos diseñar el Congreso que tendremos en diez años. Y eso no es poca cosa.
martinpellecer@gmail.com
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